"La decisión de la Conare es de carácter reservada y en ella no puede tener ninguna injerencia el Estado involucrado, en este caso Chile. Todas las acciones que pueda realizar este país (sea ante estrados internacionales o con sus abogados en la Argentina) hablan de que no sólo no existen mínimas condiciones para que Apablaza pueda hacer valer sus derechos y garantías en juicio, sino que la política chilena continúa encorsetada en el esquema heredado del pinochetismo. El Gobierno chileno dice que los crímenes por los que requieren a Apablaza son violaciones a los derechos humanos, cuando jamás reconocieron los crímenes de lesa humanidad cometidos por Pinochet y aún reclaman impunidad para los militares responsables".